El hombre y la mujer con discapacidad, como cualquier otra persona, deben encontrarse en una situación que les permita participar, según sus posibilidades y de la manera más amplia posible, en la toma de decisiones sobre su vida y su entorno social. El proceso de integración social no se basa únicamente en la cuestión de la transformación y la mejora de los servicios, ni en la de los programas que en ellos se desarrollan, sino en cambios en un nivel mucho más profundo, cambios relacionados con la escala de valores sociales e incluso con los juicios éticos.

Sería pues deseable que, con el esfuerzo de todos los equipos y el impulso necesario de la administración, se llegara a cubrir el territorio nacional con una red de servicios debidamente coordinada y que, sobre todo, se pudiera comprobar si somos capaces, todos juntos, de alcanzar el objetivo por el que trabajamos: que el niño, el adolescente y el adulto con discapacidad sean los sujetos de la acción, impidiendo por tanto que se conviertan en objetos de rechazo o derivación.